· UDP Madrid
En 2022, el Ministerio del Interior anunció la Estrategia de Seguridad Vial 2030 en España con el objetivo de reducir la siniestralidad vial. Sin embargo, las propuestas incluyen medidas controversiales que afectarían a los conductores en la Tercera Edad, generando preocupación en la comunidad.
Tratos discriminatorios por tercera edad
Las medidas sugeridas incluyen la reducción de plazos para renovar licencias y cambios en los protocolos médico-psicológicos específicos para personas mayores al renovar el carnet de conducir. A pesar de representar un porcentaje significativo de fallecidos como peatones, los conductores mayores han demostrado tener un menor riesgo en accidentes de tráfico, según estadísticas recientes.
La estrategia no aborda la implementación de sistemas avanzados de asistencia al conductor ni la conducción autónoma, opciones que podrían ofrecer soluciones más efectivas y justas para todas las edades.
Además, se destaca la falta de consideración sobre la vejez del parque automovilístico y el estado de las carreteras en el plan. La presencia de conductores extranjeros sin restricciones por edad que circulan por las carreteras españolas también añade una paradoja a la situación.
Petición oficial a la DGT y al Ministerio del Interior
Ante estas propuestas, se ha levantado la voz de organizaciones y asociaciones de personas en tercera edad, argumentando que las restricciones basadas en la edad reflejan estereotipos y prejuicios, siendo una forma de ¨edadismo¨.
La petición es clara: se insta a la Dirección General de Tráfico
(DGT) y al Ministerio del Interior a reconsiderar y retirar estas propuestas. Se propone adoptar recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), trabajar en colaboración con organizaciones de mayores y explorar alternativas más equitativas que no violen los derechos fundamentales de esta población.
En este contexto, se hace un llamado a los medios de comunicación para llevar a cabo un análisis más riguroso de las propuestas, evitando reforzar estereotipos y actitudes negativas hacia las personas de tercera edad.
La defensoría del pueblo también ha sido instada a intervenir, considerando estas medidas como una posible violación de los derechos fundamentales de las personas mayores. La controversia está servida, y la comunidad espera una respuesta que equilibre la seguridad vial con el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su edad.
