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Plena inclusión España reclamó este jueves "pasar de las palabras a los derechos” con "leyes y medidas concretas", de cara al primer aniversario de la reforma del artículo 49 de la Constitución el 18 de enero.
Se trata de "un logro histórico", que revela "el propósito del Estado de legislar nuevas normas e impulsar políticas que garanticen la libertad y los derechos de las personas con discapacidad", subrayó en un comunicado.
Además de eliminar de su texto el término de “disminuidos” y sustituirlo por el de “personas con discapacidad”, la reforma de la Carta Magna también incluyó una declaración de intenciones que, según Plena inclusión España, debería plasmarse en hechos que refuercen derechos “en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas”.
En concreto, el nuevo artículo 49 afirma que “se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para el ejercicio de derechos que refuercen dicha libertad e igualdad”. Y luego añade: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. (…) Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.
Por eso, la confederación pidió que las administraciones públicas y los poderes del Estado respalden con "leyes y medidas de apoyo cierto dicha declaración de intenciones".
Según su presidenta, Carmen Laucirica, “defendemos el acierto que se ha tenido al poner el foco en la protección de las mujeres y menores con discapacidad". "Mires las estadísticas que mires, las personas con discapacidad intelectual siempre aparecen como el grupo más vulnerable y castigado por la desigualdad", y destacó que, "dentro de dicha vulnerabilidad extrema, las mujeres y las niñas con discapacidad intelectual se sitúan entre quienes menos oportunidades tienen”.
Maribel Cáceres, miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y vicepresidenta de Plena inclusión España, apuntó que “estamos ante una gran oportunidad de impulsar la plena inclusión social para millones de personas con discapacidad, entre las que nos encontramos casi 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y nuestras familias”.
