· CERMI
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Ministerio de Sanidad la necesidad de actualizar la Ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que data del año 2022, para adecuarla a la nueva normativa sobre igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Con la entrada en vigor, hace ahora casi un año, de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, todas las personas, también en su condición de pacientes, han de ser apoyadas en la toma de decisiones que les afecten, y no ser sustituidas por mecanismos de representación.
Ley de autonomía al paciente
La normativa sobre autonomía del paciente está anclada en un enfoque superado, de sustitución en las decisiones y no de apoyo, por lo que deber ser revisada a la luz de la nueva legislación sobre capacidad jurídica establecida en el Código Civil, que irradia al resto de sectores del ordenamiento jurídico, también al sanitario.
El ámbito de la atención a la salud tiene sus peculiaridades, que habrán de precisarse, pero no puede estar en contradicción o ignorar, como sucede ahora, el nuevo paradigma de los apoyos a la capacidad jurídica de todas las personas, también pacientes, que ha quedado regulado en la profunda reforma civil llevada a cabo con la Ley 8/2021
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