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El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, manifestó este jueves que confía en que el anteproyecto para reformar las leyes de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia sea “transformador y ambicioso”, y calificó de “buena noticia” la intención del Ejecutivo de llevarlo al Consejo de Ministros el 11 de febrero.
En declaraciones a Servimedia, Pérez Bueno instó al Gobierno a sacar adelante “una reforma ambiciosa y transformadora, sobre todo en el ámbito de la autonomía personal y la dependencia”, cuya regulación data de 2006. Esta norma está próxima a cumplir 19 años de vigencia y dijo que “ha frustrado muchas espectativas” entre las personas mayores y con discapacidad.
Como ejemplos citó “los copagos confiscatorios, el poco énfasis que hace en la promoción de la autonomía personal, las trabas burocráticas que generan retrasos (en el reconocimiento de los grados y de las prestaciones) para cientos de miles de personas y el escaso desarrollo de la asistencia personal”.
“Son muchos los problemas que arrastra” la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, señaló el presidente del Cermi, que confía en que la reforma que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ayude a resolverlos.
También hay aspectos que mejorar en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, y aseguró que el Cermi estará atento al texto que se publique para realizar “aportaciones” y contribuir a su mejora. En su opinión, la aprobación de este anteproyecto de reforma legal supone “una buena noticia”, ya que “la modificación del artículo 49 de la Constitución no fue un mero cambio terminológico”. A su juicio, no supuso “ningún punto de llegada, sino una estación en el camino”.
Pérez Bueno destacó que aquella reforma constitucional implicó “una nueva forma de abordar la discapacidad desde los poderes públicos”. Por ello, era evidente que el nuevo mandato constitucional debía llegar a “las leyes de cabecera del sector (Discapacidad y Dependencia), así como al resto de la normativa estatal, autonómica y municipal, defendió.
Además, valoró “el simbolismo” de que el anteproyecto llegue al Consejo de Ministros cuando se cumple un año de la aprobación por las Cortes Generales de la “primera reforma social de nuestra Constitución”, tan importante para las personas con discapacidad.
