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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pidió este martes al Ministerio de Derechos, Consumo y Agenda 2030 agilizar y avanzar en la tramitación de la regulación reglamentaria del etiquetado accesible de bienes y productos para las personas con discapacidad.
Luchando para alcanzar un etiquetado accesible para tod@s
Así lo solicitó durante una reunión de la directora ejecutiva de CERMI Estatal, Pilar Villarino, en representación de la entidad, con el director general de consumo, Daniel Arribas González. Además, en la reunión también estuvo presente la vicepresidenta del CERMI y presidenta de su Comisión de Consumo Inclusivo, Imelda Fernández.
El objetivo de esta reunión fue insistir en la necesidad de promover una legislación que proteja los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, en tanto consumidoras vulnerables en ámbitos críticos para sus derechos y participación social y económica.
En este sentido, una de las principales peticiones que planteó el CERMI en esta reunión es que se desarrolle “cuanto antes” el mandato legal para aprobar una normativa de etiquetado inclusivo y en caracteres braille de los productos y bienes de consumo masivo, como medio de protección a los consumidores con discapacidad en general y discapacidad visual en particular.
La disposición adicional primera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, ordena al Gobierno regular reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.
Al efecto, el pasado mes de agosto, el Departamento del que es titular Pablo Bustinduy sacó a trámite de audiencia pública el texto del proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo. Con este texto se daría cumplimiento a la mencionada disposición adicional. Las personas, entidades y demás grupos de interés en esta futura norma pudieron efectuar alegaciones hasta el pasado mes de septiembre.
Esta reunión pone de manifiesto el compromiso permanente y continuado entre las entidades y el Ministerio para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas con discapacidad visual.
